Hoy se cumplen dos años del sangriento asalto en México al convoy humanitario que acudió en ayuda de la asediada y hostigada comunidad indígena de San Juan Copala, una población triqui perseguida por un grupo paramilitar patrocinado por el gobierno del estado de Oaxaca. Como contamos en Periodismo Humano, la pacífica caravana fue víctima de una brutal emboscada sin previo aviso, en la cual una docena de defensores de derechos humanos fueron tiroteados por un escuadrón de 25 pistoleros. Dos de los tiroteados, la activista mexicana Beatriz ‘Bety’ Cariño y el observador finlandés Jyri Jaakkola, fueron asesinados de sendos disparos en la cabeza. Esta comunidad está controlada por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui(UBISORT), un grupo paramilitar creado tras el alzamiento zapatista auspiciado y financiado por el gobierno del estado oaxaqueño, al frente del cual estaba el gobernador Ulises Ruiz, poderoso barón del PRI (Partido Revolucionario Institucional) al que se ha acusado múltiples veces decorrupción, paramilitarismo y vínculos con la mafia.

Pero la policía mexicana nunca acudió a socorrerles, ni ha investigado en serio su asesinato, ni se han depurado responsabilidades políticas.

La perspectiva de que el PRI pueda recuperar el poder a escala nacional en las elecciones generales mexicanas previstas para julio, y que se cierre definitivamente así la ‘ventana de oportunidad’ de hacer justicia en un caso tan flagrante de impunidad homicida, ha decidido a familiares y amigos de las víctimas a presentar una demanda en Finlandia para que sea su Justicia la que investigue el caso. El código penal de aquel país, como es habitual en muchos Estados, prevé que entre dentro de su jurisdicción un crimen cometido contra un ciudadano finlandés en el extranjero si la justicia local no lo hace.

Para ultimar los detalles técnicos del proceso de demanda, hoy se encuentran en Helsinki los abogados y activistas David Peña y Karla Michel Salas, que tienen previsto reunirse con los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia, con funcionarios de la Fiscalía, así como con el propio presidente del país, Sauli Niinistö.